Migración laboral en Asia Central
La migración laboral interna en la región de Asia Central aporta beneficios a ambas partes, a los países receptores como Kazajstán y a los países de origen con menos recursos, pero la situación sería aún más beneficiosa para todos si se pudieran superar los retos en materia de regulación.
En el decenio en que la crisis económica asolaba Asia Central tras la desintegración de la Unión Soviética, todas las repúblicas independientes que surgieron a raíz de lo antedicho (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) eran países exportadores de mano de obra. La salida de gran número de especialistas cualificados en la década de 1990 tuvo como resultado una fuga de cerebros, cuyas secuelas aún está padeciendo la región actualmente.
La economía de Kazajstán fue la primera en hallar el camino hacia la recuperación. Sobre el año 2000, comenzó a erigirse en un destino atractivo para trabajadores migrantes procedentes de otros países de Asia Central. Las disparidades en cuanto al desarrollo económico y el nivel de vida, así como la cercanía geográfica y la posibilidad de viajar sin necesidad de visados (con algunas excepciones) dentro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), animaron a los trabajadores de los países vecinos de Asia Central, donde la oferta de mano de obra era excesiva y los sueldos bajos, a emigrar no solo a Rusia sino también al país vecino del sur.
Hacia la mitad de la primera década del nuevo milenio, más de un millón de personas emigraban anualmente a Kazajstán como trabajadores migrantes y generaban, según los cálculos, entre un 10 y un 12 por ciento del producto interior bruto (PIB) del país. Si bien ese número ha decrecido en los últimos años debido a la recesión económica, Kazajstán continúa beneficiándose económicamente de la presencia de trabajadores migrantes.
Los países exportadores de mano de obra también sacan rédito de esa situación. Según el Banco Mundial, las transferencias realizadas oficialmente a los países más pobres de Asia Central, Kirguistán y Tayikistán, representaron en 2013 el 32 y el 49 por ciento de su PIB, respectivamente; aún es más elevado el valor del dinero y los bienes introducidos de forma no oficial.
Un porcentaje considerable de la población activa de los países de Asia Central trabaja en el extranjero: el 20 por ciento de los habitantes de Uzbekistán, el más populoso de todos, trabaja en Rusia, Kazajstán o en un país occidental. La emigración de la mano de obra excedentaria equilibra los mercados laborales internos, previniendo de esa manera las tensiones sociales y los disturbios. En cuanto a los migrantes, la mayor ventaja de trabajar en el extranjero es la mejora de la situación económica de sus familias. También adquieren experiencia profesional y social, lo que hace muy probable que consigan trabajos mejor remunerados cuando regresen a sus países de origen.
La reglamentación continúa siendo un reto pendiente
Si bien los beneficios de la migración laboral en Asia Central están fuera de toda duda, se trata, en gran medida, de un fenómeno irregular. La exención generalizada de visado y la proximidad geográfica entre los países de la región estimula una migración improvisada, temporal y circular, a menudo estacional. Por regla general, el nivel de conocimientos jurídicos entre la población migrante es bajo. Aunque lleguen de manera legal al país de acogida, a menudo acaban siendo empleados ilegalmente y sin contrato laboral. Eso deja a los migrantes sin protección social y al Estado correspondiente sin ingresos fiscales por su trabajo. Es necesaria una reglamentación que incentive el empleo temporal legal, incluidos los procedimientos que simplifiquen la entrada y salida de esos países.
Kazajstán logró un importante avance hacia la legalización de trabajadores migrantes irregulares al aprobar una ley de amnistía en 2006 que garantizaba la residencia legal por un período de tres años a los migrantes que habían llegado al país antes de junio de ese año. Ciento sesenta y cinco mil trabajadores migrantes irregulares habían legalizado su situación a finales de 2006, un gran logro para Kazajstán y una experiencia sin precedentes dentro de la CEI. En 2013 Kazajstán introdujo enmiendas en algunas leyes nacionales relativas a la contratación de personal doméstico, lo que de nuevo permitió la legalización de buena parte de los migrantes irregulares del país y, al mismo tiempo, mejoró las arcas del Estado gracias a las contribuciones fiscales de estos. Pero todo lo antedicho no son más que excepciones en Asia Central. La regla es que la base institucional en materia migratoria sigue siendo frágil en la región. La legislación nacional no está lo suficientemente desarrollada, ni tampoco cumple debidamente la normativa internacional.
También existe la necesidad de mejorar la institucionalización de los mecanismos de contratación, de manera que los migrantes puedan acceder más fácilmente al mercado laboral de los países de destino. En la actualidad, la migración laboral está organizada en su mayor parte por redes de apoyo creadas por los propios migrantes. Según un estudio realizado en 2005 por la autora, el 31 por ciento de los migrantes laborales residentes en Kazajstán encontraron trabajo gracias a amigos o conocidos, el 22 por ciento lo hicieron por medio de familiares y el 20 por ciento motu proprio. Por el contrario, únicamente entre el 5 y el 7 por ciento consiguieron empleo a través de agencias de contratación. Siguen predominando las redes laborales ilegales, cuyos intermediarios echan sus redes en mercados improvisados o de trabajo negro. Se podría facilitar la autorregulación de la contratación y el empleo mediante la utilización de bases de datos electrónicas de ofertas de empleo que fueran de fácil y libre acceso.
El respeto de los derechos de los migrantes es vital si se desea lograr una migración legal y civilizada, pero esos derechos son violados sistemáticamente. Un estudio sociológico realizado por la autora en 2011 reveló una violación generalizada de los derechos laborales y sociales de los migrantes. El 47,5 por ciento de estos fueron testigos de cómo sus empleadores se negaban a firmarles un contrato de trabajo o a formalizar su situación jurídica; el 53,5 por ciento percibía sus emolumentos con retraso; y el 17,8 por ciento ni siquiera recibía un salario. El 12,9 por ciento había sido obligado a trabajar sin remuneración; el 30,7 por ciento fue privado de sus pasaportes; al 41,6 por ciento se le prohibió abandonar su puesto de trabajo y al 17,8 por ciento se le denegó el acceso a la atención sanitaria. Las infraestructuras sociales en los países de destino son inapropiadas. El sistema de arrendamiento de viviendas en Kazajstán, por ejemplo, sigue estando muy poco desarrollado. Hay un déficit de parvularios, escuelas y servicios de asistencia sanitaria, así como de un sistema en el que los migrantes puedan recibir formación profesional adicional.
La cooperación entre gobierno y sociedad civil a la hora de abordar la migración y otras cuestiones es insuficiente: un legado de su pasado totalitarista. Es preciso entablar un diálogo, que debería incluir a organizaciones internacionales, expertos y medios informativos, a fin de examinar la posibilidad de introducir nuevos mecanismos de cooperación en materia de movilidad laboral y gobernanza en el ámbito de la migración. Esos mecanismos podrían incluir diversos grupos de trabajo para redacción de leyes, audiencias públicas, supervisión de la aplicación de normativas y misiones de evaluación de programas y proyectos. Debería ponerse especial atención en la investigación, la creación de conciencia, la influencia en la opinión pública y las campañas de promoción sobre asuntos que conciernan a los migrantes y su contribución a las comunidades y las economías nacionales.
Los países de origen necesitan involucrarse incluso más que los de destino en la gestión de la migración laboral. Deberían facilitar formación profesional y cursos de idiomas antes de la partida, crear conciencia en materia jurídica y brindar información sobre la cultura y tradiciones de los países de destino. Debería garantizarse también un acceso al mercado laboral público y gratuito, y no solo a través de las redes de migrantes.
Respuestas políticas
A pesar de los retos mencionados, ha habido iniciativas positivas en cuanto a la gobernanza de la migración que merecen ser consideradas y divulgadas. Kazajstán, además de las citadas amnistía migratoria de 2006 y enmiendas legislativas de 2013, ha firmado una serie de acuerdos de readmisión y acuerdos bilaterales con Kirguistán y Tayikistán sobre regulación de la migración laboral y protección de los derechos de los migrantes. Asimismo, se han firmado otros acuerdos sobre protección de los derechos económicos y sociales de los migrantes en el marco de la CEI y de la Unión Euroasiática.
Esta experiencia podría resultar de gran utilidad para Rusia y otros países que acogen un gran número de trabajadores migrantes irregulares. Para sacarle el máximo partido será necesaria una cooperación transfronteriza continua entre ministerios, organismos gubernamentales, expertos, organizaciones no gubernamentales e internacionales, entre ellas, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo y la OSCE.
La Dra. Yelena Sadovskaya, radicada en Alma-Ata (Kazajstán), es Consultora Internacional en Migración y Políticas Migratorias para Kazajstán y Asia Central. También es miembro de los Asociados en aras de unas Políticas Migratorias Globales (GMPA) de Ginebra.