Contratación pública sostenible en Suecia
Entrevista a Pauline Göthberg
Pauline Göthberg es la Coordinadora Nacional de la Red de Consejos Comarcales Suecos para una Contratación Pública Sostenible. En Suecia, 21 consejos comarcales han aunado esfuerzos con el fin de garantizar que los productos y servicios que contratan no están afectados por la trata o las vulneraciones de derechos de los trabajadores.
¿Cuándo y por qué se fundó la red de consejos comarcales?
En 2007, una ONG independiente llamada Swedwatch, que se dedica a ofrecer información sobre las relaciones comerciales de Suecia con los países en desarrollo, decidió investigar las condiciones en las que se fabricaban en Pakistán los instrumentos quirúrgicos que estaban adquiriendo algunos de los consejos comarcales, para su uso en los servicios sanitarios públicos. En el curso de su investigación, detectaron casos de trabajo infantil, entornos laborales peligrosos y remuneraciones por debajo del salario mínimo. Como respuesta a esa desagradable sorpresa, se inició la labor de los consejos comarcales en favor de una contratación pública sostenible. La mayor parte de las contrataciones públicas de los consejos comarcales (alrededor del 80 por ciento) está relacionada con el ámbito sanitario. Los consejos se encargan también de la salud dental y del transporte público, pero los productos y servicios sanitarios en general son los que conforman el área principal de la contratación pública.
Al principio, los consejos comarcales más grandes trabajaron conjuntamente en un proyecto piloto. En 2010, se sumaron el resto de consejos, 21 en total. En 2012, me contrataron como Coordinador Nacional. Mi principal área de responsabilidad es desarrollar un procedimiento y rutinas nacionales para que todas las personas realicen el mismo trabajo en todos los consejos comarcales, así como colaborar con otros agentes internacionales. La red también cuenta con una secretaría y un grupo de ocho expertos dedicados a coordinar la labor en sus respectivas regiones y en el marco de sus propias especialidades. Hemos elaborado un código de conducta nacional basado en los diez principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas y un conjunto de requisitos para la realización de contrataciones públicas.
¿Qué requisitos han establecido para las contrataciones públicas?
Al iniciar una relación contractual con nosotros, el proveedor acepta la entrega de productos fabricados de conformidad con la siguiente normativa: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948); los ocho convenios principales de la Organización Internacional del Trabajo (que, en su conjunto, abarcan los temas del trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación, la remuneración equitativa, la libertad de asociación y el derecho de sindicación); la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (concretamente, su artículo 32 relativo al trabajo forzoso); la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; y las leyes y reglamentos aplicables en el país de fabricación en relación con cuestiones sanitarias, seguridad y protección laboral, derechos de los trabajadores (incluida la normativa sobre condiciones de pago y protección mediante seguro médico) y en lo relativo a la protección medioambiental.
Los proveedores deben aplicar procedimientos de diligencia debida para garantizar que los bienes que suministran han sido manufacturados conforme a la citada normativa. Están obligados a llevar a cabo las siguientes rutinas: un compromiso de políticas, una división interna de responsabilidades, un mecanismo de análisis de riesgos, una descripción sobre la manera en que se cumplen y se hace un seguimiento de los requisitos sociales del contrato, dentro de la cadena de suministro, y, muy importante, una descripción de los remedios aplicados para subsanar cualquier vulneración.
Durante el período de contratación, nuestros expertos hacen un seguimiento de determinados contratos públicos en los que creemos que puede haber mayores riesgos de que nuestros proveedores incumplan las cláusulas contractuales.
¿Cómo proceden sus expertos a la hora de evaluar el cumplimiento por parte de los proveedores?
Seguimos un método de tres fases. En la primera, enviamos un cuestionario en el que preguntamos a los proveedores si están aplicando todos los procedimientos y políticas necesarios para garantizar que cuentan con un sistema de control de calidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos sociales. A continuación, les pedimos que verifiquen cómo funcionan esos procedimientos en la práctica. Es decir, lo que queremos es ver un resultado de auditoría; queremos saber cómo es su evaluación de riesgos; queremos enterarnos de si ha habido vulneraciones y de cómo las han arreglado.
Por último, sobre la base de los resultados obtenidos, decidimos si nos desplazamos o no a las fábricas para hacer auditorías in situ. Para ello, nos servimos de un auditor externo, una de las empresas de auditoría internacionales que cuentan con expertos locales en la materia, que conocen el idioma local, así como los idiomas de los trabajadores migrantes con los que se entrevistan.
Así pues, ¿la responsabilidad principal de velar por el cumplimiento recae sobre los proveedores?
Sí, al principio hay una gran dosis de autoevaluación por parte de los proveedores. Pero posteriormente verificamos sus evaluaciones pidiéndoles que nos envíen sus informes de auditoría, evaluaciones de riesgos, etc., y entonces valoramos dichos documentos.
También en lo que se refiere a los planes de actuación rectificativos es importante que los proveedores asuman sus responsabilidades. Tras realizar una auditoría, y si el auditor señala que habido violaciones, la empresa deberá volver a ponerse en contacto con nosotros y mostrarnos un plan de corrección de esas violaciones. No se trata de decirles lo que deben hacer, pero sí que revisamos las soluciones que proponen y si consideramos que algunas de ellas no son lo suficientemente buenas, les proponemos otras.
¿Puede explicarnos un ejemplo de cómo lograron hacer un seguimiento correcto de un caso de contratación pública?
En 2015, se detectaron diversos casos de violaciones de derechos humanos y laborales en una fábrica que producía guantes quirúrgicos en Malasia durante una auditoría realizada en nombre de la red. Nuestro proveedor era un mayorista de productos sanitarios con sede en Suecia, que suministraba guantes quirúrgicos de dicha fábrica. Hicimos un seguimiento de la contratación aplicando el método de tres fases que acabo de comentarle. Comprobamos si hicieron análisis de riesgos y de qué manera verificaban el cumplimiento de la normativa dentro de la cadena de suministro, pero no fueron capaces de darnos una descripción satisfactoria de esos procedimientos. Por ese motivo decidimos encargar una auditoría in situ del subproveedor en Malasia.
Fue algo muy sorprendente para la dirección de la fábrica, ya que era la primera vez que un cliente les hacía una autoría in situ. Se mostraron muy abiertos y dispuestos a mostrarnos toda la documentación. A veces, resulta muy difícil detectar la servidumbre laboral pero, en este caso, estaba muy clara. La empresa prestaba dinero a sus trabajadores para que pudieran pagar a las agencias de contratación y después esa cantidad se les deducía de su salario; también les retiraban el pasaporte a los trabajadores migrantes y les obligaban a firmar unos contratos que, básicamente, no les permitían rescindirlos y regresar a sus países de origen. En total, se detectaron 23 puntos de incumplimiento respecto de nuestros requisitos para una contratación pública sostenible.
Tras la auditoría, nos reunimos con la dirección de la fábrica para discutir un plan rectificativo. Eso fue bastante complicado, ya que nos resultaba difícil saber hasta dónde podíamos llegar. Por eso, solicité ayuda de la Confederación Sindical Internacional y discutí con ellos qué tipo de modificaciones deberíamos pedirles. Nos propusieron que el proveedor asumiera el pago de todas las comisiones por contratación y que también indemnizara a los trabajadores migrantes que ya habían abandonado la fábrica. Aunque no pudimos lograr todo lo que queríamos, nuestros proveedores sí asumieron el pago de todas las comisiones por contratación y no solo ahora, sino también en el futuro y en todas las fábricas afectadas. Pero no conseguimos que pagaran con carácter retroactivo a los antiguos trabajadores.
Ese es un buen ejemplo de cómo podemos conseguir resultados positivos si trabajamos codo a codo con nuestros proveedores. No hubo enfrentamientos con la dirección de la fábrica que, en mi opinión, actuó responsablemente en ese caso concreto. Adoptaron una serie de medidas como consecuencia directa de nuestra auditoría, con las que mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores.
¿Están asociados con otras redes?
Sí que lo estamos. Colaboramos con el Servicio Nacional de Salud inglés y con el sector de la asistencia sanitaria en Noruega, con el que hemos firmado una declaración de intenciones. También hemos planeado juntos nuestras actividades para los próximos años, a fin de no duplicar esfuerzos. Estamos colaborando asimismo con el Equipo interinstitucional de Tareas oficioso de las Naciones Unidas sobre contratación pública sostenible en el sector sanitario. Y hemos firmado una declaración de intenciones con los ayuntamientos de Suecia.
Con todos estos socios compartimos información sobre resultados de las auditorías, actividades de seguimiento y discusiones con los proveedores, así como sobre los problemas que detectamos. Aunque contratamos bienes y servicios por valor de 13.000 millones de euros anuales, a nivel global somos realmente un pequeño comprador. La cooperación con otras entidades nos da aún más fuerza para lograr algún que otro cambio.