El camino hacia unas cadenas de suministro sostenibles y éticas
¿Sabía que en la fabricación de un dispositivo electrónico pueden llegar a participar hasta 1.000 proveedores? Los productos intermedios representan alrededor del 70 por ciento de los bienes que se comercializan en todo el mundo y para su fabricación son necesarias más de 453 millones de personas.[1] Ahora piense por un momento que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 90 por ciento del trabajo forzoso tiene lugar en esas cadenas de suministro. En una economía globalizada como la de hoy, en la que materiales y mano de obra provienen de cualquier parte del mundo, ¿puede tener la certeza de que los dispositivos que utiliza en su día a día (su ordenador, teléfono móvil, televisor, tableta, horno, lavadora o aparato de radio) no los han fabricado personas que son víctimas de la trata con fines de explotación laboral?
Cuanto mayor sea una cadena de suministro, que a menudo tendrá múltiples niveles de subcontratación, más difícil será garantizar que los bienes y servicios adquiridos no proceden de la trata con fines de explotación laboral. La corrupción y la falta de gobernanza allanan aún más el camino a los casos de trata y otras formas de explotación. La normativa internacional reconoce el deber, tanto empresarial como gubernamental, de tomar medidas integrales para disminuir los riesgos de la trata de seres humanos y para proteger a las personas frente a los abusos en materia de derechos humanos.
La OSCE ha demostrado su liderazgo político en la prevención de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La Declaración Ministerial de Vilnius adoptada en 2011 alienta “a los Estados participantes a que colaboren con el sector empresarial en la aplicación de los principios de debida diligencia y transparencia a la hora de evaluar y combatir los riesgos de explotación mediante las cadenas de suministro”. La Adición de 2013 al Plan de Acción de la OSCE contra la Trata de Personas propugna políticas de tolerancia cero al respecto o normas que vayan en la misma línea en relación con la contratación de bienes y servicios por parte de las administraciones.
La Asamblea Parlamentaria de la OSCE adoptó en 2015 una resolución en la que hacía un llamamiento a los Estados Participantes para que exijan mediante leyes y reglamentos que los beneficiarios de todos los contratos gubernamentales de bienes y servicios sean únicamente empresas que cuenten con un plan que garantice que sus subcontratistas y empleados y empleadas no participan en actividades que coadyuven a la trata de personas o que constituyan trata de personas.
En el Consejo Ministerial de Hamburgo celebrado en 2016, los Ministros de Asuntos Exteriores de la OSCE adoptaron una decisión relativa al fortalecimiento de la buena gobernanza y el fomento de la conectividad, en la cual subrayaron la determinación de los Estados participantes de la OSCE de combatir la trata de seres humanos y la explotación laboral, especialmente en los procesos de contratación pública. En ella encargan a las estructuras ejecutivas que “ayuden a los Estados participantes a compartir prácticas recomendables sobre la forma de mejorar la concienciación acerca de la pertinencia de las normas laborales, sociales y medioambientales internacionalmente reconocidas, y a reforzar la buena gobernanza y promover la transparencia en los procesos de contratación pública”.
Iniciativas de múltiples interesados
Estos compromisos de la OSCE, junto con la normativa internacional desarrollada por las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la OIT, sirven de referencia a gobiernos, empresas y trabajadores por igual con objeto de que puedan adoptar medidas con las que hacer frente a la explotación laboral y la trata. A menudo, esas medidas son voluntarias. Las empresas pueden optar por unirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa en la aceptarán respaldar diez principios basados en las esferas de los derechos humanos, la normativa laboral, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. También pueden basarse en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en los que se definen la función de los Estados y las empresas a la hora de proteger los derechos humanos de los trabajadores y adoptar medidas de reparación en los casos de violación de los mismos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 de las Naciones Unidas establece como meta la erradicación del trabajo forzoso, así como poner fin a la esclavitud moderna y la trata de seres humanos.
Unilever, una empresa multinacional con 172.000 empleados y 76.000 proveedores (cifras de 2015), es un buen ejemplo de compañía que ha adoptado firmes medidas con objeto de velar por que sus cadenas de suministro estén libres de explotación laboral y trata. Fue una de las primeras empresas que se adhirieron a las normas de las Naciones Unidas y puso a prueba el Marco de Presentación de Informes sobre los Principios Rectores, que ayuda a las empresas a presentar información sobre la manera en que ponen en práctica medidas de lucha contra la trata.
Otro impresionante ejemplo de medidas voluntarias por parte de las empresas es el de la Coalición Ciudadana de la Industria Electrónica, una asociación empresarial formada por más de 110 compañías del sector de la electrónica. Ha adoptado un código de conducta en el que prohíbe la trata y la mano de obra forzosa a sus proveedores en más de 120 países.
Al enfoque de la responsabilidad social promovida por los propios trabajadores cabe añadirle una nueva iniciativa. En el marco del Programa de Productos Alimentarios Justos de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, con sede en Florida (Estados Unidos), los campesinos se asocian con grandes supermercados y cadenas de comida rápida con el objetivo de que sus cadenas de suministro sigan las pautas del comercio justo. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos ha seleccionado este programa por ser un modelo excepcionalmente prometedor.
En Alemania, el Gobierno colabora con las empresas mediante la Asociación para una Industria Textil Sostenible, una iniciativa formada por múltiples interesados que centra su labor en la industria textil y de la moda. Distribuidores, sindicatos, sociedad civil y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania promueven mejoras sociales, ecológicas y económicas a lo largo de toda la cadena de suministro textil, mediante la aplicación de la normativa internacional.
Algunos gobiernos se están sirviendo de las modernas tecnologías de la información para desarrollar herramientas que apoyan iniciativas voluntarias del mundo empresarial y de los consumidores y cuyo fin es brindar opciones de compra que descarten la adquisición de artículos fabricados con trabajo forzoso. El Gobierno alemán ha lanzado un portal de Internet (www.siegelklarheit.de), también disponible como app para teléfonos inteligentes, en el que se muestran y comparan etiquetas medioambientales y sociales de productos textiles, tecnológicos, domésticos y de papelería, a la vez que se explican las características de cada una de las etiquetas y se brinda una clasificación. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha desarrollado la app “Sweat & Toil”, en la que se documenta el trabajo forzoso en todo el mundo, en particular el trabajo infantil (www.dol.gov/dol/apps/ilab.htm).
Por muy alentadoras que sean, estas iniciativas también presentan algunos inconvenientes. En primer lugar, no importa lo buenas que sean las intenciones del mundo empresarial, las normas que se promueven solo funcionarán si también existen mecanismos adecuados de cumplimiento y verificación. En segundo lugar, la explotación laboral y la trata deberán erradicarse en todo el mundo y, en ese sentido, incluso la mejor de las intenciones de una empresa solo se aplicará a sus propias cadenas de suministro.
El papel de los gobiernos
Los gobiernos desempeñan un papel decisivo a la hora de prevenir la trata de personas en las cadenas de suministro. Pueden promulgar y hacer cumplir leyes que protejan a los trabajadores y permitan a las empresas responsables que compitan entre sí de manera justa y dentro de los márgenes de la legalidad. Sin esas normas, las empresas que aplican medidas para prevenir la trata de personas se encuentran a menudo en una situación injusta de desventaja frente a empresas que explotan a los trabajadores, falseando el mercado y socavando el proceso competitivo.
La Ley del Reino Unido sobre la Esclavitud Moderna (2015), es un ejemplo oportuno de ley diseñada para luchar contra los trabajos forzosos y la trata de personas. Su disposición acerca de la transparencia en las cadenas de suministro exige a las empresas con un volumen de negocios que supere una cifra determinada que publiquen una declaración en la que enumeren en detalle qué medidas han tomado para garantizar que no se cometan actos de esclavitud ni de trata de personas en sus operaciones y su cadena de suministros, o bien que declaren explícitamente que no han tomado medidas de ese tipo.
Otra medida del gobierno británico para proteger a los trabajadores para que no los exploten es el Organismo de concesión de licencias a empresarios agrícolas, creado en 2004 para regular e inspeccionar las actividades de los empleadores en el sector agrícola y hortofrutícola. La organización, rebautizada hace poco como Organismo antiabuso de concesión de licencias y dotada de poderes policiales suplementarios, interviene en todo el mercado laboral británico e investiga actividades no autorizadas y denuncias de explotación de trabajadores, entre ellas delitos en relación con el salario mínimo nacional, las agencias de empleo y la trata de personas.
Contrataciones públicas
Los gobiernos son agentes económicos con mucho peso, pues gastan una parte considerable del producto interior bruto de cada país en licitaciones públicas por un valor que a menudo alcanza varios millones. Al aprovechar su poder adquisitivo para velar por que se aplique la debida diligencia en sus propias cadenas de suministro, tienen mucha influencia para hacer que cambien las cosas a la hora de luchar contra la explotación y la trata. En ese sentido, algunos Estados participantes de la OSCE han elaborado prácticas prometedoras.
Por ejemplo, los Estados Unidos ha instaurado medidas para impedir que los licitadores adquieran productos fabricados o servicios ofrecidos por personas objeto de la trata. El Reglamento Federal de Adquisiciones de 2006 establece que todos los contratos públicos incluyan una cláusula que prohíba la trata. En 2012, el Presidente Obama firmó un decreto ejecutivo por el que prohibía a los subcontratistas y contratistas federales y a sus empleados que participen en actividades concretas que tengan relación con la trata de personas, y por el que se establecen nuevas medidas que se han de cumplir en los contratos internacionales y nacionales.
Suecia también ha tomado medidas significativas para ejercer responsabilidad social en las contrataciones públicas. Los consejos comarcales suecos han elaborado un código de conducta nacional basado en los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como procedimientos para supervisar el funcionamiento de la contratación pública.
La corrupción es un importante reto que afrontan los gobiernos para mantener sus cadenas de suministro estatales vigiladas y bajo control. La OCDE calcula que entre el 20 y el 25 por ciento de los gastos en concepto de contrataciones públicas son pérdidas debidas a la corrupción. La Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE (OCAEM) respaldó una iniciativa del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUMDI) para reforzar las normas en materia de contrataciones públicas en los países de la Comunidad de Estados Independientes y Mongolia. La iniciativa ayudó a esos países a mejorar sus leyes en materia de contrataciones públicas y adaptarla a la Ley Modelo de la CNUMDI sobre la Contratación Pública, modelo que ayuda a los gobiernos nacionales a introducir o reformar normas legislativas sobre contratación pública para sus mercados interiores.
En junio de 2016, el CAEM de la OSCE publicó el Manual de la OSCE sobre Lucha contra la Corrupción, que ofrece información acerca de una amplia gama de material de referencia e instrumentos legales, las últimas tendencias legislativas y políticas, y prácticas oportunas para prevenir y eliminar la corrupción. También incluye un capítulo dedicado a las contrataciones públicas, en el que se identifican puntos vulnerables a la corrupción y se recomiendan mecanismos de prevención. También se presentan acuerdos internacionales y textos jurídicos clave, que incluyen procedimientos, normas y prácticas recomendables para luchar contra la corrupción en los sistemas nacionales de contrataciones, así como medidas para su aplicación.
La Oficina de la Representante Especial y Coordinadora para la Lucha contra la Trata de Personas publicó hace poco una encuesta acerca del cumplimiento de los compromisos de los Estados participantes en cuanto a la lucha contra la trata, que muestra que las dos terceras partes de los Estados participantes aplican políticas que exigen a las agencias de empleo que eliminen las tasas por contratación y la servidumbre por deudas. Algunos de ellos han puesto en práctica políticas de contratación pública que impiden adquirir bienes y servicios con un alto riesgo de haber sido producidos por personas objeto de la trata.
En la actualidad, la Oficina de la Representante Especial y Coordinadora para la Lucha contra la Trata de Personas lleva a cabo un gran proyecto extrapresupuestario para prevenir la trata de personas en las cadenas de suministro a través de prácticas y medidas estatales. El objetivo general del proyecto consiste en ampliar las capacidades de los Estados participantes de la OSCE y dotarlos de herramientas prácticas, guías modelo y un compendio de recursos para aplicar medidas a fin de prevenir la trata de personas en las cadenas de suministro. En 2016 se organizaron talleres en Berlín y en Londres, y también habrá otros durante este año en Estocolmo, Ginebra y Astana, este último conjuntamente con la Expo 2017 y la Segunda Reunión Preparatoria del Foro Económico y Medioambiental de la OSCE en junio. La buena gobernanza es decisiva para velar por que los bienes y servicios de los que todos nos beneficiamos no sean producidos a expensas de personas que han sido objeto de explotación o de trata.
Artículo elaborado por Aude Feltz, Oficial Profesional Auxiliar de la Sección de Comunicación y Relaciones con los Medios Informativos de la Secretaría de la OSCE, basado en la información facilitada por Ruth Freedom Pojman, Asesora Superior de la Oficina de la Representante Especial y Coordinadora de la Lucha contra la Trata de Personas, así como por Roel Janssens, Asesor Económico de la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE.
Más información
Publicaciones de la Oficina de la Representante Especial y Coordinadora de la Lucha contra la Trata de Personas:
Ending Exploitation: Ensuring that Businesses Do Not Contribute to Trafficking in Human Beings: Duties of States and the Private Sector (Acabar con la explotación: Garantizar que las empresas no contribuyen a la trata de seres humanos: Deberes de los Estados y del sector privado) (Occasional Paper Series No. 7, 2014) www.osce.org/secretariat/126305
Survey Report 2016 of Efforts to Implement OSCE Commitments and Recommended Actions to Combat Trafficking in Human Beings (Informe sobre el estudio de 2016 acerca de los esfuerzos realizados con objeto de cumplir los compromisos y actividades recomendadas por la OSCE para combatir la trata de seres humanos) www.osce.org/secretariat/289951
Prevention of Trafficking for Labour Exploitation in Supply Chains (Conference Report, 2016) (Informe de la Conferencia sobre prevención de la trata con fines de explotación laboral en las cadenas de suministro, 2016) www.osce.org/secretariat/290106
[1] Informe del Grupo OCDE-OMC-Banco Mundial (2014) ”La Cadena de Valor Mundial: Oportunidades, Retos e Implicaciones para el Desarrollo de Políticas”